Las autoridades de Consumo de las 17 comunidades autónomas tienen sobre la mesa diferentes denuncias y expedientes a empresas por incumplimiento de la normativa publicada el pasado mes de diciembre, según la cual se limita el uso de teléfonos de tarificación especial y se obliga a las empresas de servicios de interés general a ofrecer un número de atención al cliente gratuito.

Las empresas afectadas, que podrían superar las 30.000, reúnen a las que prestan servicios de suministro de agua, gas, electricidad, servicios financieros y de seguros, servicios postales y mensajería, transporte aéreo, ferroviario y por carretera, así como de protección de la salud, saneamiento y residuos.

Fuente: Síntesis Diaria www.sintesisdiaria.com